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Boceto del careo de Alejandro Burzaco en la Corte de Distrito de Brooklyn

El gran rumor filtrado en Argentina que cimbró al periodismo deportivo mexicano la semana pasada —y que seguirá resonando en ésta— es la posibilidad de mover la edición conmemorativa de los 100 años de la Copa América, de Estados Unidos, sede establecida originalmente desde mayo de 2014, a México para el verano de 2016. Ante el eco de las filtraciones, la Concacaf, confederación organizadora del torneo conjunta con la Conmebol, divulgó un comunicado que aclara poco y confunde más: ¿por qué habría de cambiarse la sede? Máxime: ¿por qué habría de llevarse a cabo el torneo a la luz del escándalo en la FIFA?

Precisamente más allá de la Copa América Centenario, lo que une a Concacaf y Conmebol son las acusaciones contra sus altos mandos por conspiración criminal, fraude, lavado de dinero y obstrucción de la justicia hechas desde la oficina de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos. “Hay evidencia de que la Copa América 2016 involucra costos ilegítimos de 110 millones de dólares”, remarcó Lynch en aquella primera y devastadora conferencia de prensa de mayo pasado que abrió la Caja de Pandora de la opacidad, la discrecionalidad y la no rendición de cuentas en el negocio del futbol.

En entradas anteriores de este micrositio, el FIFAgate fue visto a través de los señalamientos hacia el actuar de directivos del mundo del futbol asociado, aunque aquéllos realmente sólo comprenden la mitad del documento acusatorio de más de 200 páginas del Departamento de Justicia: la otra mitad apunta a directivos del mundo privado de los negocios, los medios y la banca. No sólo lo hecho público en el inciso A relativo a la Copa América Centenario del Capítulo VI de la acusación, intitulado “Los Esquemas Criminales” (página 48), es ilustrativo del grado de colusión entre dirigentes de la zona que incluye a las federaciones de México y de Estados Unidos, por un lado, y de la zona que incluye a las de Sudamérica, por el otro; sino que asimismo ilustra las prácticas corruptas de un puñado de altos ejecutivos y la disposición para demandarse y/o asociarse según sus propios cálculos políticos y económicos.

Concretamente estos altos ejecutivos son el brasileño José Hawilla, fundador de las compañías comercializadoras Traffic de Sao Paulo y Traffic USA de Miami, y los argentinos Alejandro Burzaco, director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias (que ostentó en exclusividad las transmisiones de la liga de Argentina por casi dos décadas en aquel país), y Hugo y Mariano Jinkis (padre e hijo), ejecutivos de la compañía Full Play. La Fiscalía estadounidense sugiere entre líneas que fueron las Traffic de Hawilla, nombrado en el documento como “coconspirador #2″ tras declararse él culpable ya, las pioneras en la corrupción de la Conmebol al adquirir de ésta los derechos exclusivos de todas y cada una de las ediciones de la Copa América entre 1987 y 2011 vía el pago de dádivas y sobornos para posteriormente revender licencias de patrocinio, televisación, comercialización, imagen, paquetes turísticos y boletaje principalmente en Estados Unidos usando el sistema financiero estadounidense.

Las descripciones siguientes indican a pie juntillas las características y consecuencias económicas a largo plazo del “modelo Traffic-Conmebol-Concacaf” según el gobierno de Estados Unidos:

Por añadidura, dichos esquemas tuvieron poderosos efectos anticompetitivos, distorsionando el mercado de los derechos comerciales asociados al futbol y degradando la capacidad de otras compañías comercializadoras para competir por tales derechos en términos más favorables para los derechohabientes. (página 32)

Mientras Traffic intentaba expandir sus operaciones y desarrollar sus lazos con Concacaf y Conmebol, muchas otras compañías comercializadoras competidoras buscaron un pedazo de las ganancias crecientes asociadas con el fútbol organizado. Frecuentemente, esas compañías, como Traffic, pagaron sobornos a dirigentes del futbol con tal de ganar negocios. (página 37)

Algunas veces, estas compañías trabajaban enfrentadas unas con otras, cada una buscando ganar negocios con las organizaciones futbolísticas en las regiones de Conmebol y Concacaf. En otras veces, las compañías trabajaron en concierto, entrando en contratos para compartir los derechos de imagen obtenidos de estas organizaciones. (página 38)

La organización y comercialización de la Copa América Centenario 2016 marca un antes y un después en esta trama de corrupción. Sus derechos están incluidos en un paquete comercial llamado “Contrato de la Copa América 2013″, valuado en 317.5 millones de dólares, y trabado por Full Play de los Jinkis con participación minoritaria de Torneos y Competencias de Alejandro Burzaco sacando así de la jugada a las Traffic de Hawilla. Siempre según el Departamento de Justicia, Hawilla decidió demandar a la Conmebol y a los empresarios argentinos en una corte de Florida amparándose en las cláusulas de sus propios contratos que estipulaban el recurso a la justicia ordinaria en caso de que la FIFA declinase arbitrar en el conflicto (lo cual finalmente ocurrió).

En los meses anteriores al acuerdo, el coconspirador #2 y otros representantes de Traffic comenzaron a reunirse con los acusados Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, así como con el acusado Alejandro Burzaco, quien en ese punto se unió con Full Play para compartir algunos de los derechos de la Copa América. En las reuniones, las partes discutieron una solución a la demanda de Traffic que incluyese a Full Play y a Torneos aceptando compartir con Traffic los derechos comerciales obtenidos por Full Play de la Conmebol para explotar dichas ediciones de la Copa América a cambio de que Traffic retirase la demanda y asumiese una parte en los costos asociados con esos derechos. Específicamente, los representantes de las tres compañías discutieron formar una nueva compañía que obtendría y explotaría los derechos comerciales de las ediciones 2015, 2019, y 2023 del torneo, así como una edición especial centenaria a celebrarse en Estados Unidos en 2016. (página 103)

El contrato firmado oficialmente el 25 de mayo de 2013 unía a la Conmebol con la empresa resultante de la fusión entre las Traffic, Full Play y Torneos y Competencias: Datisa. De los 317 millones y medio de dólares por valor declarado, 77 millones corresponden únicamente al pago de Datisa a Conmebol por la Copa América Centenario de 2016 más 35 millones extra para la Concacaf por la participación de seis de sus selecciones, incluidas Estados Unidos y México. En total, los derechos de la Copa América Centenario ascienden a 112.5 millones más otros 30 millones no declarados y/o disfrazados (presumiblemente a través de lavado de dinero) por concepto de sobornos, dádivas y extorsiones.

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Lo no declarado del “Contrato de la Copa América 2013″ comprende 110 millones de dólares en pagos personales de las compañías privadas hacia dirigentes del futbol en el hemisferio como Nicolás Leoz, Jack Warner, Jeffrey Webb, Eugenio Figueredo y el estadounidense Charles Blazer, quien se declaró culpable y cuyos testimonios —junto a los de Hawilla— corresponden el inicio de los rastros que llevan hasta las altas oficinas de Traffic, Full Play y Torneos y Competencias.

Quieren mover la Copa América Centenario 2016 (y no cancelarla completamente u organizarla solo con seleccionados sudamericanos en Sudamérica) porque mucho ya fue desembolsado en costos declarados y no declarados y mucho, muchísimo más, es lo que estaría por perderse en términos de derechos, televisión, publicidad, paquetes turísticos, boletaje y parafernalia. Pero lo extraoficial es que Estados Unidos pasó de sede de ensueño a sede maldita que muchos no pueden pisar por miedo a ser llevados al juzgado de distrito en Brooklyn y ser consignados a prisión domiciliaria mientras se desarrollan las diligencias.

El 1 de mayo de 2014, los altos ejecutivos de Datisa – el coconspirador #2 y los acusados Hugo Jinkis, Mariano Jinkis, y Alejandro Burzaco- se reunieron en el sur de la Florida después de la conferencia de prensa que anunció la Copa América Centenario para discutir el esquema de sobornos. En un momento, Burzaco dijo: “Todo puede arruinarse por este asunto… Todos nosotros iremos a prisión”. (página 112)

 

César Martínez
@CesarKickoff